El gobierno cubano ha revelado el anteproyecto de la nueva Ley del sistema deportivo, una normativa que refuerza el control estatal sobre los atletas y expone con claridad las intenciones ideológicas del régimen en torno al deporte. Lejos de constituir una legislación orientada al desarrollo integral del deportista, el contenido de la ley refleja un interés dominante por el adoctrinamiento, la censura y la obediencia absoluta al discurso oficial. Programada para ser aprobada en julio por la Asamblea Nacional del Poder Popular, esta ley amenaza con consolidarse como otro mecanismo de presión política y control institucional, afectando directamente la libertad individual de quienes practican el deporte en la isla.
El artículo 120 del anteproyecto es una de las piezas clave que evidencia la naturaleza del documento. En este se establece que los atletas deben exhibir una conducta “patriótica, revolucionaria y antimperialista”, además de representar la soberanía nacional y los valores del “Movimiento Deportivo Cubano”. Más allá de un compromiso con el rendimiento y la excelencia deportiva, el texto exige alinearse ideológicamente con el régimen, eliminando cualquier margen para la expresión libre o la divergencia de pensamiento. El deporte, en lugar de ser un espacio de crecimiento humano y competencia sana, es convertido en un campo de obediencia ciega.
La censura no se limita al ámbito ideológico. El artículo 233 establece que todo deportista que desee viajar al exterior por asuntos personales debe ser autorizado por las autoridades, tras un análisis particular de cada caso. Esto pone de manifiesto la intención del Estado de restringir la movilidad de los atletas, controlando sus vínculos con el exterior y limitando sus oportunidades de crecimiento profesional fuera de las fronteras de Cuba. Sumado a esto, el inciso 154.3 impone la obligatoriedad de asistir a las convocatorias de la selección nacional, eliminando cualquier derecho de decisión sobre su participación en competencias. El deportista, por tanto, se ve reducido a una herramienta del aparato estatal, sin voz ni voto en decisiones fundamentales sobre su carrera.
Otro punto altamente polémico es el artículo 181.1, que otorga a las autoridades la potestad de revocar el estatus de “gloria deportiva” a cualquier figura que exprese desacuerdo con la línea oficial. Se trata de una medida que despoja de reconocimiento y respeto a aquellos atletas que, después de años de entrega y sacrificio por el país, osen tener un pensamiento crítico. El mensaje es claro: el mérito deportivo solo se conserva si va acompañado de sumisión ideológica.
El análisis publicado por el medio independiente Diario de Cuba el pasado 3 de junio deja al descubierto la naturaleza coercitiva de esta propuesta legislativa. Esta ley no busca proteger al atleta ni fomentar el deporte como herramienta de inclusión y desarrollo, sino convertirlo en un bastión más de la propaganda política del régimen. La constante fuga de talentos del sistema deportivo cubano encuentra aquí una explicación contundente. La nueva ley se perfila como una mordaza más, diseñada para castigar la disidencia, anular la autonomía individual y someter el talento al servicio de una causa ideológica.
En definitiva, la Ley del sistema deportivo cubano representa una peligrosa involución. Los deportistas no solo serán evaluados por sus habilidades físicas, sino por su adhesión ideológica, creando un ambiente de miedo y represión. El deporte, lejos de ser un puente de unión y superación, se convierte en otro eslabón en la cadena del control totalitario.