En Cuba, la crisis energética se ha intensificado en 2025, afectando gravemente la vida diaria de millones de ciudadanos. El Sistema Eléctrico Nacional enfrenta un déficit superior a 1,600 megavatios, lo que ha provocado apagones prolongados en diversas regiones del país. La situación se agrava por la falta de combustible, averías en centrales termoeléctricas y una infraestructura obsoleta que no ha sido renovada en años. En algunas zonas, los residentes apenas cuentan con tres horas de electricidad al día, lo que afecta el acceso al agua potable, la conservación de alimentos y la calidad de vida en general.
Ante esta crisis, la población ha expresado su descontento a través de protestas y manifestaciones. Sin embargo, las autoridades han respondido con represión, deteniendo a manifestantes y activistas. Organizaciones internacionales han documentado abusos en prisión y han condenado la violencia contra los manifestantes. Estas acciones han generado una creciente preocupación en la comunidad internacional sobre el respeto a los derechos humanos en la isla.
En respuesta a la represión, Estados Unidos ha endurecido su postura hacia el gobierno cubano. En julio de 2025, impuso sanciones al presidente Miguel Díaz-Canel por su papel en la represión de las protestas. Estas sanciones incluyen restricciones a sus activos y prohibiciones de viaje, como medida para presionar al régimen cubano a cesar las violaciones de derechos humanos. Además, Estados Unidos ha instado al gobierno cubano a respetar las libertades fundamentales de su población y ha expresado su apoyo al pueblo cubano en su lucha por la democracia y los derechos humanos.
La situación en Cuba refleja una profunda crisis que va más allá de lo energético. La falta de acceso a servicios básicos, la represión de la disidencia y la respuesta internacional ante las violaciones de derechos humanos son aspectos interrelacionados que requieren atención urgente. Es imperativo que se implementen reformas estructurales que aborden tanto las necesidades energéticas como las demandas de libertad y justicia social de la población cubana.