Durante la presidencia de Donald Trump, la política hacia Cuba se endureció en múltiples frentes, y uno de los temas que entró en la agenda de presión fue el acceso a internet en la isla. Desde el inicio de su mandato en 2017, el republicano impulsó una estrategia de “máxima presión” cuyo objetivo declarado era debilitar al gobierno cubano y forzar cambios internos. Dentro de ese plan, el internet se consideró una herramienta clave para romper el control informativo del Estado.
En 2018 y 2019, la administración Trump anunció públicamente que buscaría apoyar proyectos tecnológicos que permitieran a los cubanos conectarse sin pasar por el monopolio de ETECSA, la empresa estatal que controla las telecomunicaciones. Se exploraron opciones como el uso de satélites, globos de telecomunicaciones y redes mesh, que son redes comunitarias que funcionan de forma descentralizada. A través del Departamento de Estado y de la Comisión para una Cuba Libre, se propusieron fondos para financiar el desarrollo de tecnologías y herramientas que ayudaran a evadir la censura, incluyendo VPNs y aplicaciones de mensajería cifrada.
Al mismo tiempo, Trump incrementó la presión diplomática y mediática. Su administración denunció en repetidas ocasiones que el gobierno cubano restringía la conectividad y bloqueaba redes sociales, especialmente durante protestas o actos de disidencia. Estos señalamientos se hicieron más visibles en 2020 y 2021, cuando las autoridades cubanas aplicaron apagones de internet para frenar la difusión de videos y mensajes durante manifestaciones locales. Washington argumentó que el acceso libre a la red era un derecho que el régimen negaba deliberadamente para evitar la organización ciudadana.
En el plano económico, las sanciones también tuvieron un impacto en la infraestructura tecnológica cubana. Empresas vinculadas al sector de las telecomunicaciones fueron incluidas en listas negras del Departamento del Tesoro, lo que les prohibía acceder a equipamiento o software de origen estadounidense. Aunque el gobierno de Trump justificó estas medidas como un intento de impedir la vigilancia estatal y de presionar por la apertura, en la práctica también dificultaron la modernización de la red en la isla.
Programas estadounidenses como los impulsados por la USAID y el Broadcasting Board of Governors (hoy USAGM) continuaron bajo Trump con financiamiento para fomentar medios independientes y plataformas de comunicación alternativas. El objetivo declarado era dotar a los cubanos de herramientas para acceder a información sin pasar por el filtro oficial. Estos proyectos habían existido antes, pero la administración republicana los potenció en el marco de su política más agresiva hacia La Habana.
Pese a los esfuerzos, el gobierno cubano mantuvo un control estricto sobre el acceso a internet y respondió acusando a Washington de injerencia y de promover la subversión. La estrategia de Trump no logró un cambio inmediato en la política de conectividad de Cuba, pero sí elevó el tema a nivel internacional y sentó las bases para que, durante las protestas del 11 de julio de 2021, el acceso a internet se convirtiera en un punto central del debate sobre libertades en la isla.