En 2025, Donald Trump ha decidido reinstaurar una política de línea dura hacia Cuba que marca un retroceso significativo respecto a la flexibilización implementada en los últimos años. Desde su regreso a la presidencia, una de sus primeras acciones fue devolver a Cuba a la lista de Estados patrocinadores del terrorismo, una designación que había sido retirada durante la administración Biden. Esta medida vino acompañada de la reactivación de las listas de entidades restringidas, especialmente aquellas controladas por el conglomerado militar GAESA, con el objetivo de cortar cualquier flujo de ingresos que, según su administración, beneficie directamente al régimen y no al pueblo cubano.
El 30 de junio, Trump firmó el memorándum presidencial NSPM-5, que formaliza un endurecimiento integral de las sanciones. Entre sus disposiciones, se prohíben las transacciones financieras directas o indirectas con entidades controladas por el aparato militar cubano, se reafirma el embargo económico y se establece una oposición tajante a su levantamiento en cualquier foro internacional. Además, se reinstaura la prohibición del turismo estadounidense en la isla, imponiendo un sistema de auditorías y registros obligatorios para los viajeros durante al menos cinco años.
Otra de las áreas clave de este plan es la revisión exhaustiva de la situación de los derechos humanos en Cuba y la detección de delincuentes estadounidenses refugiados en la isla. Trump también ha manifestado su intención de ampliar el acceso a internet para los ciudadanos cubanos, mediante el apoyo a medios independientes y a la sociedad civil, como parte de una estrategia que busca fortalecer la libre expresión y la libre empresa dentro del país.
En materia económica, las nuevas restricciones incluyen la suspensión de envíos de remesas, salvo en casos muy específicos y bajo supervisión. Esta decisión ha generado preocupación en la comunidad cubanoamericana, ya que las remesas representan una fuente crucial de ingresos para muchas familias. El turismo educativo, cultural y de intercambio también ha sido recortado, afectando tanto a los operadores estadounidenses como a los receptores cubanos que dependían de ese flujo.
En el ámbito migratorio, Trump ha sorprendido con una propuesta más radical: utilizar la base naval de Guantánamo como centro de detención para hasta 30 000 migrantes considerados peligrosos o con antecedentes criminales. Según el plan, el centro sería administrado por el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) con apoyo logístico del Pentágono. Esta iniciativa ha sido duramente criticada por organizaciones de derechos humanos, que advierten sobre el riesgo de condiciones inadecuadas y el uso de un espacio históricamente asociado a detenciones extrajudiciales.
En conjunto, estas medidas reflejan una estrategia que busca “asfixiar económicamente” al gobierno cubano, limitar sus vías de financiamiento y presionarlo a realizar cambios políticos internos. Sin embargo, también generan un impacto directo sobre la población civil, que podría enfrentar mayores dificultades para acceder a divisas, bienes y oportunidades de conexión con el exterior. Mientras la administración Trump defiende su plan como un impulso a la libertad en Cuba, sus críticos lo ven como una repetición de políticas fallidas que, lejos de debilitar al régimen, podrían fortalecer su control interno en medio de un contexto económico aún más precario.