Cuba atraviesa una profunda crisis energética que ha derivado en un apagón generalizado en todo el territorio nacional, dejando a millones de habitantes sin electricidad y afectando de manera directa a la vida cotidiana, el trabajo y los servicios esenciales. Este nuevo corte eléctrico, el segundo a nivel nacional en lo que va de año y el cuarto en menos de un año, evidencia las dificultades estructurales que enfrenta el país en materia de generación y distribución de energía. La red eléctrica de la isla ha estado acumulando años de falta de mantenimiento e inversión, y gran parte de sus centrales termoeléctricas operan desde hace más de tres décadas, lo que hace que cualquier fallo técnico pueda tener consecuencias a gran escala.
El Ministerio de Energía y Minas ha vinculado la interrupción más reciente a problemas en una de las principales centrales termoeléctricas, y se informó que ya se han iniciado los trabajos de restablecimiento del suministro. Sin embargo, la situación refleja un patrón recurrente: los apagones en Cuba no son un hecho aislado, sino una constante que afecta tanto a hogares como a instituciones, y que interrumpe actividades productivas, educativas y de salud. En febrero de este año, por ejemplo, el Gobierno se vio obligado a suspender clases y jornadas laborales durante dos días debido a la insuficiente generación eléctrica, lo que evidencia la fragilidad del sistema energético ante la menor presión de la demanda.
El contexto económico agrava aún más la crisis. Cuba atraviesa dificultades financieras derivadas en gran parte de las sanciones impuestas por Estados Unidos, las cuales buscan presionar a la isla para que modifique su modelo político y económico. Estas restricciones limitan la disponibilidad de divisas que el país necesita para importar combustible y repuestos para sus plantas energéticas, dificultando la inversión en infraestructura crítica. Además, la escasez de combustible ha sido un factor clave en la repetición de los apagones, ya que sin la materia prima necesaria para operar las termoeléctricas, la capacidad de generación se reduce significativamente, obligando a desconexiones parciales o totales del sistema eléctrico nacional.
El impacto de los apagones es profundo en la vida diaria de los cubanos. La población enfrenta dificultades para mantener operaciones básicas en el hogar, desde la refrigeración de alimentos hasta la iluminación y la comunicación, y los sectores productivos se ven afectados por la paralización de la actividad industrial, comercial y de servicios. La educación y la salud también sufren, ya que los centros escolares y hospitalarios dependen de un suministro eléctrico estable para su funcionamiento. Esta situación ha generado un malestar social creciente, en un país donde los ciudadanos ya enfrentan limitaciones en transporte, alimentación y otros servicios básicos.
A pesar de los esfuerzos del Gobierno para comunicar las causas y los plazos de recuperación, la crisis energética continúa siendo uno de los principales desafíos de la administración de Miguel Díaz-Canel. La combinación de infraestructura envejecida, escasez de combustible y sanciones externas mantiene a Cuba en una situación crítica, y los apagones reiterados son un reflejo de la vulnerabilidad del país ante cualquier interrupción en el suministro eléctrico. La solución a largo plazo requiere no solo inversión en modernización de plantas y redes, sino también una estrategia económica que permita garantizar recursos suficientes para mantener la energía funcionando de manera estable y confiable.