El 2 de mayo de 2025 marcó un punto de quiebre definitivo para las aspiraciones del régimen cubano de seguir beneficiándose del talento de los peloteros cubanos en las Grandes Ligas. Con la decisión de la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) del Departamento del Tesoro de los Estados Unidos, se pone fin al intento de legitimar la participación de jugadores cubanos de la MLB en eventos organizados en su país natal. Esta medida representa un duro golpe a un modelo que, en esencia, funcionaba como una estrategia para revitalizar el deteriorado béisbol cubano, al costo del sacrificio de los derechos individuales de los propios atletas.
Durante los últimos años, la Federación Cubana de Béisbol Profesional (FEPCUBE) trató de aprovechar el renombre de los peloteros cubanos en la MLB, quienes habían abandonado la isla en busca de libertad y un mejor futuro profesional. Muchos de ellos fueron objeto de constantes intentos de reintegración a los torneos oficiales cubanos, en una maniobra que pretendía maquillar el declive alarmante del deporte nacional. Sin embargo, este mecanismo fue más una fuente de propaganda que una verdadera reconciliación deportiva. Ahora, con la nueva normativa, cualquier vínculo formal entre un jugador cubano que desee competir en las Grandes Ligas y las entidades deportivas del régimen ha quedado totalmente roto.
El documento compartido por la propia FEPCUBE en redes sociales reveló las condiciones establecidas por OFAC: para poder ser elegible por una franquicia de MLB, un jugador cubano debe presentar una declaración jurada y notariada donde afirme que ha establecido su residencia permanente fuera de Cuba y que no tiene intención de regresar al país. Este paso es obligatorio. De no cumplirlo, el beisbolista no podrá firmar contrato alguno con una organización de la liga. En caso de que no pueda presentar dicha declaración, el jugador tendría que demostrar su estatus legal en Estados Unidos mediante una solicitud de asilo u otro tipo de documentación que respalde su intención de permanecer allí de manera indefinida.
Este endurecimiento de la política estadounidense sobre el tema también cierra la puerta a los intentos del Instituto Nacional de Deportes, Educación Física y Recreación (INDER) de usar a los atletas como piezas de exportación. Por años, el régimen se benefició de una especie de “tráfico deportivo” disfrazado de acuerdos institucionales, buscando ingresos y legitimidad internacional. Muchos jugadores participaron en estos esquemas, a veces por presión, otras por necesidad, pero sin una verdadera voluntad de reconciliación con el sistema que los forzó a escapar.
La nueva disposición legal deja sin margen de maniobra a la dictadura cubana, que pierde otra herramienta para sostener el modelo deportivo que por décadas fue motivo de orgullo nacional. La medida de la OFAC reafirma que la MLB, bajo la supervisión del gobierno estadounidense, no facilitará el regreso simbólico o físico de peloteros a Cuba si esto implica colaboración directa con las instituciones oficiales del régimen. Con ello, se cierra definitivamente un capítulo que intentó explotar, sin éxito, la gloria de los hijos pródigos del béisbol antillano.