La crisis que atraviesa Cuba continúa profundizándose mientras la población lidia con una combinación devastadora de problemas: la escasez de alimentos, el deterioro constante del sistema eléctrico y ahora una situación sanitaria que mantiene al país en estado de alerta. En medio de un panorama tan frágil, las declaraciones del presidente Miguel Díaz-Canel han generado gran indignación, especialmente cuando insiste en atribuir el colapso productivo y el deterioro de los servicios al bloqueo estadounidense, evitando reconocer las fallas propias del sistema interno. Para muchos ciudadanos, esa postura resulta una burla ante necesidades tan básicas e insatisfechas.
Las dificultades energéticas han llegado a niveles insostenibles, con cortes prolongados que afectan hogares, hospitales y centros productivos. A esto se suma la incapacidad para garantizar una oferta alimentaria estable, situación que provoca largas colas y una creciente frustración social. El punto más reciente de alarma es el ámbito sanitario, donde la falta de insumos y las condiciones precarias ponen en riesgo la salud pública. Todo ello ha contribuido a un ambiente generalizado de desconfianza, en el que los discursos oficiales cada vez encuentran menos credibilidad entre los ciudadanos.
En otro frente, las declaraciones de Rodolfo Valentín han generado preocupación en el ámbito judicial. Su afirmación de que alrededor de cinco mil casos se diluyen cada año en los tribunales por falta de pruebas ha encendido las alarmas sobre el funcionamiento y la transparencia del sistema. Ante semejante señalamiento, se ha pedido que la Procuraduría General aporte información clara y verificable, además de iniciar una investigación que permita determinar qué tan ajustada a la realidad es esta denuncia y, de ser cierto, qué responsabilidades corresponden.
En medio de este contexto cargado de tensiones sociales y políticas, también se conoció la muerte de Vicente Sánchez Baret, una figura histórica del quehacer político dominicano. Dirigente emblemático, formó parte tanto del PRD como de los fundadores del PRM y desempeñó múltiples funciones públicas, incluyendo ministro de Interior y Policía, senador y director de Aduanas. Su fallecimiento, a los 89 años, marca la partida de un referente cuya trayectoria dejó una huella importante en la vida institucional del país.
El conjunto de estos acontecimientos refleja un clima regional complejo, donde la gobernabilidad, la justicia y la credibilidad institucional se encuentran en constante escrutinio.