La posibilidad de que las Grandes Ligas de Béisbol (MLB) establezcan oficinas en Cuba y de que los jóvenes prospectos de la isla puedan desarrollarse de manera directa dentro del sistema de las Mayores sigue siendo un tema complejo que combina factores políticos, legales y económicos que se arrastran desde hace más de seis décadas. El primer obstáculo es el embargo económico que Estados Unidos mantiene sobre Cuba desde la década de 1960. Esta política impide relaciones comerciales normales entre empresas estadounidenses y entidades cubanas, y cualquier acuerdo de negocios requiere licencias específicas del gobierno estadounidense. La MLB, como organización con sede en EE. UU., no puede instalar oficinas ni invertir en la isla sin una autorización que dependa de decisiones políticas cambiantes. Cualquier movimiento en falso podría ser revocado de un día para otro, algo que genera gran incertidumbre.
Otro punto clave es la estructura del deporte en Cuba, donde el béisbol profesional fue abolido en 1961 y todos los peloteros pertenecen a instituciones deportivas estatales. Los jugadores que buscan salir al exterior deben contar con el visto bueno del gobierno cubano, mientras que el sistema de las Grandes Ligas se basa en negociaciones directas entre equipos y agentes libres. Aunque Cuba ha permitido que algunos peloteros firmen en ligas extranjeras como Japón o México bajo convenios oficiales y con un porcentaje de sus ganancias destinado al Estado, este modelo choca frontalmente con las reglas de la MLB, que exige plena libertad contractual para los atletas.
En 2018 se vislumbró una esperanza con un acuerdo histórico entre la MLB y la Federación Cubana de Béisbol que permitiría a los jugadores firmar con franquicias de Grandes Ligas sin necesidad de desertar. Sin embargo, en abril de 2019 el gobierno de Estados Unidos canceló el pacto al considerar que implicaba pagos a una entidad estatal cubana, algo prohibido por las leyes del embargo. Desde entonces no ha surgido un nuevo convenio que cumpla con los requisitos de ambas partes, dejando en el limbo a cientos de talentos de la isla.
La ausencia de un canal legal obliga a muchos peloteros a salir de Cuba a través de rutas irregulares para declararse agentes libres en terceros países, exponiéndose a redes de tráfico humano, estafadores y riesgos personales. La MLB reconoce este problema y desea un mecanismo seguro que evite esas situaciones, pero sin un marco legal sólido entre Washington y La Habana es imposible implementarlo. A esto se suma la inestabilidad en las relaciones bilaterales: aperturas parciales, como las impulsadas durante la administración Obama, generaron expectativas, pero cambios posteriores de política en EE. UU. frenaron cualquier avance. La MLB no puede arriesgarse a invertir en oficinas o academias si un giro político puede anularlo todo de inmediato.
En consecuencia, la falta de un acuerdo formal que respete las leyes del embargo y garantice la libertad de los jugadores mantiene bloqueada la presencia oficial de las Grandes Ligas en Cuba. Aunque el talento de los peloteros cubanos sigue brillando en el máximo nivel, su camino hacia la MLB continuará siendo complicado y, en muchos casos, peligroso mientras no exista un marco político y legal que abra una vía segura y estable para su desarrollo profesional.\