En 2025, la administración de Donald Trump ha intensificado su enfoque hacia América Latina, adoptando una postura más agresiva y militarizada que ha generado preocupación tanto en la región como a nivel internacional. El presidente Trump ha designado a Cuba como un objetivo prioritario en su estrategia exterior, implementando políticas que buscan desmantelar lo que considera regímenes autoritarios que perpetúan la pobreza y la inestabilidad en la región.
Una de las medidas más destacadas ha sido la reactivación de la designación de Cuba como Estado patrocinador del terrorismo, una etiqueta que había sido retirada durante la administración anterior. Esta acción ha sido acompañada de sanciones económicas más severas, dirigidas principalmente a las entidades vinculadas al aparato militar y de inteligencia cubano. Además, Trump ha anunciado el uso del campo de detención de Guantánamo para albergar hasta 30,000 inmigrantes considerados peligrosos, incluyendo a miembros de grupos criminales como el Tren de Aragua, a pesar de las críticas por la falta de pruebas claras y el debido proceso.
En paralelo, Estados Unidos ha incrementado su presencia militar en el Caribe, desplegando destructores y submarinos nucleares en aguas internacionales cercanas a Venezuela. Esta acción responde a la acusación de que el gobierno de Nicolás Maduro apoya a grupos narcotraficantes, lo que ha sido calificado por Trump como una forma de «narcoterrorismo». Aunque la administración estadounidense justifica estas medidas como parte de la lucha contra el narcotráfico, muchos observadores las interpretan como un intento de desestabilizar al régimen venezolano y, potencialmente, preparar el terreno para una intervención militar.
La estrategia de Trump también incluye una reducción significativa de la ayuda estadounidense a América Latina, lo que ha afectado programas destinados a combatir la pobreza, mejorar la salud pública y fortalecer las instituciones democráticas. Esta política ha sido criticada por organizaciones internacionales que argumentan que, en lugar de promover el desarrollo y la estabilidad, estas acciones podrían exacerbar las tensiones y aumentar la migración hacia Estados Unidos.
En respuesta, los gobiernos de Cuba y Venezuela han denunciado estas políticas como un intento de injerencia en sus asuntos internos y una violación de su soberanía. Ambos países han reforzado sus alianzas con potencias como Rusia y China, buscando contrarrestar la presión ejercida por Estados Unidos. Sin embargo, la comunidad internacional se encuentra dividida, con algunos países apoyando las acciones de Trump como necesarias para promover la democracia y otros advirtiendo sobre los riesgos de una escalada militar en la región.
En resumen, la administración de Donald Trump ha adoptado una postura más confrontativa hacia América Latina, con Cuba y Venezuela como objetivos principales. Aunque estas políticas buscan desmantelar lo que se considera regímenes autoritarios y corruptos, también han generado preocupaciones sobre el respeto a la soberanía nacional, los derechos humanos y la estabilidad regional. El futuro de las relaciones entre Estados Unidos y América Latina dependerá de cómo se desarrollen estos acontecimientos y de la capacidad de los actores internacionales para mediar en la creciente tensión.