El gobierno cubano ha mantenido una postura firme contra el uso de Starlink, el servicio de internet satelital de SpaceX, dentro de su territorio. Esta posición se basa en consideraciones legales, técnicas y políticas que buscan preservar el control estatal sobre las telecomunicaciones y evitar lo que considera una amenaza a la soberanía tecnológica del país.
La legislación cubana, en particular la Resolución 272/2015 del Ministerio de Comunicaciones, establece que la importación y uso de equipos satelitales requieren una autorización especial, la cual rara vez se concede. Esto implica que la mayoría de los ciudadanos que intentan acceder a Starlink lo hacen de manera ilegal, lo que puede acarrear sanciones severas.
Las autoridades han advertido que el uso no autorizado de Starlink puede resultar en la confiscación de equipos, imposición de multas e incluso en la vigilancia de los usuarios por parte de los servicios de inteligencia. Además, se ha señalado que operar sin coordinación con el espectro radioeléctrico nacional infringe las normativas de la Unión Internacional de Telecomunicaciones (UIT), lo que refuerza la ilegalidad de estas acciones.
En abril de 2025, la Aduana General de la República confiscó alrededor de 20 dispositivos Starlink que intentaban ingresar al país desde Estados Unidos, destacando la vigilancia activa de las autoridades sobre la entrada de equipos no autorizados. Este tipo de acciones refleja el compromiso del gobierno cubano de evitar la proliferación de tecnologías que escapen a su control.
Desde una perspectiva política, el régimen considera que el acceso independiente a internet mediante Starlink podría facilitar la difusión de información no filtrada por el Estado, lo que podría socavar su autoridad y control sobre la narrativa pública. Por ello, se ha calificado a Starlink como una herramienta potencial de desinformación y subversión, vinculándola incluso con operaciones extranjeras que buscan desestabilizar el sistema político cubano
En resumen, el rechazo del gobierno cubano al uso de Starlink se fundamenta en una combinación de razones legales, técnicas y políticas. Aunque algunos ciudadanos han logrado acceder al servicio de manera clandestina, el riesgo de sanciones y la vigilancia estatal hacen que esta práctica sea peligrosa y poco viable a gran escala. La postura oficial subraya la determinación del régimen de mantener el control absoluto sobre las comunicaciones y el acceso a la información dentro de la isla.