El caso de Leandro Martínez, pelotero cubano sancionado por el Instituto Nacional de Deportes, Educación Física y Recreación (INDER), ha generado un fuerte debate sobre la severidad y coherencia de las sanciones en el béisbol de la isla. El 11 de agosto, el periodista oficialista Pavel Otero publicó la respuesta del INDER de Granma, donde se detallan las razones y el alcance de la medida disciplinaria que pesa sobre el lanzador zurdo.
Según el comunicado, la sanción fue notificada a Martínez el 12 de febrero de 2025 y consiste en la prohibición de participar en eventos competitivos nacionales y de ser contratado durante un año. La medida se ampara en el artículo 20, inciso I, del reglamento disciplinario, que establece sanciones para infracciones consideradas de carácter muy grave.
En el caso de Martínez, se le acusa de asumir posiciones arbitrarias en cualquiera de sus formas, realizar manifestaciones ilegales y poco éticas contra otro miembro del equipo, denigrar públicamente disposiciones legales de las autoridades gubernamentales o deportivas cubanas por beneficio personal, y cometer actos públicos que atenten gravemente contra la dignidad o decoro deportivo.
La polémica surge porque, según Otero y otros observadores, la sanción impuesta parece desproporcionada en comparación con otras medidas disciplinarias dentro del béisbol cubano. El periodista señaló que en ocasiones anteriores, jugadores involucrados en agresiones físicas durante un partido han recibido sanciones de apenas dos o tres juegos, mientras que Martínez enfrenta un año completo de suspensión sin haber agredido físicamente a nadie. Esta diferencia en la aplicación de la normativa refleja, según algunos, una incoherencia preocupante en la forma en que se administra la disciplina.
Además, Otero explicó que, de acuerdo con el reglamento, las sanciones muy graves deben cumplirse en su totalidad sin posibilidad de reducción a la mitad del tiempo. Martínez ha cumplido seis meses de su sanción, pero no un año, por lo que no se puede aplicar ninguna rebaja. La sanción lo dejará fuera de la 64 Serie Nacional de Béisbol, a pesar de que el jugador estaba entrenando con la expectativa de que su castigo fuera reducido, según promesas previas que supuestamente recibió.
El trasfondo de esta medida ha sido calificado por algunos como una “ley mordaza”, ya que castiga con más severidad las declaraciones públicas contra dirigentes del béisbol cubano que actos de violencia en el terreno de juego. Esto ha despertado críticas entre aficionados y periodistas, que ven en el caso de Martínez un ejemplo de cómo se silencian las voces disidentes dentro del deporte. Otero, aunque con un tono moderado, sugirió que sería positivo revisar la normativa disciplinaria para permitir que las sanciones puedan reducirse si el comportamiento del sancionado y las circunstancias lo ameritan. Señaló que incluso en el Código Penal Civil las condenas más severas pueden reducirse tras un debido proceso, y que lo más importante debería ser “salvar y reinsertar al ser humano, siempre que sea posible”.
La situación de Leandro Martínez ha puesto sobre la mesa la necesidad de replantear las reglas y sanciones del béisbol cubano, buscando coherencia, proporcionalidad y, sobre todo, justicia. El debate sigue abierto y su caso podría convertirse en un punto de referencia para futuras reformas en el reglamento disciplinario del deporte en la isla.